La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha presentado una propuesta integral para reestructurar la gobernanza industrial en España, con el objetivo de salvaguardar la autonomía estratégica del país en el ámbito industrial. En su comunicado, la Alianza aboga por la implementación de un nuevo modelo de gobernanza que involucre la creación de una Comisión Delegada del Gobierno en Política Industrial, la instauración de una Agencia Estatal y el establecimiento de una Secretaría de Estado de Industria.
De acuerdo con la asociación, la política industrial española demanda una nueva gobernanza que permita una coordinación efectiva del Gobierno para adoptar medidas necesarias que impulsen la competitividad y el crecimiento sostenible del tejido productivo del país. Este modelo, según la Alianza, tendría como consecuencia la construcción de una economía más sólida, avanzada y preparada para hacer frente a los retos futuros, así como para abordar las tensiones geoestratégicas, generando empleo de mayor calidad.
En el marco de esta propuesta, la Comisión Delegada del Gobierno en Política Industrial se plantea como un órgano con la capacidad de coordinar las acciones de diferentes departamentos ministeriales con competencias en áreas que afectan a la industria. Este organismo sería esencial para desarrollar una política industrial efectiva y verdaderamente coordinada, así como para diseñar la autonomía estratégica que se considera necesaria para España.
Asimismo, la Alianza aboga por la creación de una Agencia Estatal dotada de recursos operativos y financieros suficientes, encargada de colaborar de manera coordinada con las diferentes comunidades autónomas para la ejecución de la política industrial. Entre las funciones de esta agencia se incluiría la gestión de incentivos a la inversión, la agilización de procedimientos para proyectos estratégicos industriales, la facilitación del desarrollo de proyectos de innovación y la institución de observatorios de competitividad internacional y de vigilancia normativa.
Adicionalmente, se propone que el actual Foro de Alto Nivel de la Industria Española evolucione y se consolide como un Consejo Asesor de Política Industrial. Este consejo, según la Alianza, debería contar con atribuciones efectivas para intervenir de manera más eficaz en el diseño de la estrategia industrial y en la implementación de instrumentos de la política industrial. También se sugiere que este consejo recupere los observatorios sectoriales, con la participación de agentes sociales, para elevar propuestas y medidas específicas destinadas a impulsar el desarrollo competitivo y sostenible de actividades industriales consideradas estratégicas desde perspectivas económicas, sociales, sanitarias o de seguridad.
La Alianza subraya que el futuro industrial de España se enfrenta a múltiples retos, entre los que se encuentran costos energéticos elevados, una regulación intensa y cambiante con solapamientos, procedimientos burocráticos lentos, falta de neutralidad tecnológica, una presión fiscal elevada y una nueva realidad geopolítica que amenaza no solo la cadena de suministro y la autonomía estratégica, sino también el acceso a mercados exteriores. En el transcurso de la pasada legislatura, la Alianza ha trasladado al Gobierno y a los distintos poderes públicos sus propuestas para impulsar la competitividad, enfrentándose recurrentemente a un problema de gobernanza que afecta la eficacia de la política industrial en su conjunto. La negativa de los sucesivos ejecutivos a elevar la secretaría general de industria a secretaría de estado es señalada como un indicador evidente, aunque solo la punta del iceberg, del nivel de prioridad otorgado por los gobiernos al desarrollo competitivo del tejido productivo. La Alianza sostiene que la capacidad de coordinación e influencia de la actual secretaría general respecto a otros departamentos del Gobierno es insuficiente para impulsar adecuada y eficazmente la política industrial.
En este contexto, la propuesta busca no solo abordar las problemáticas estructurales que afectan a la competitividad industrial de España, sino también establecer un marco institucional que permita una gestión eficiente y coordinada de la política industrial, garantizando la adaptabilidad a los desafíos cambiantes del entorno económico y geopolítico. La Alianza confía en que este conjunto de medidas contribuirá significativamente a la construcción de una base industrial sólida, avanzada y sostenible, capaz de enfrentar con éxito los retos del futuro y de mantener la autonomía estratégica del país en el ámbito industrial.
