La industria ha estado instando al Gobierno a proporcionar mayores ayudas directas durante años para contrarrestar el impacto negativo de los elevados precios de la electricidad en su rentabilidad y competitividad frente a sus competidores europeos. Aunque los grandes grupos industriales reciben anualmente compensaciones por parte de los costos de las emisiones de CO2, consideran que las cantidades asignadas en los últimos ejercicios han sido insuficientes. Ahora están solicitando un aumento significativo para el próximo año.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 asignaron una partida de 244 millones de euros para estas ayudas, manteniendo la cifra del año anterior. Con la intención de prorrogar temporalmente los presupuestos hasta la aprobación de nuevos presupuestos para 2024, la asignación inicial para compensar las emisiones de CO2 seguirá siendo de 244 millones para el próximo ejercicio, a la espera de las nuevas cuentas públicas.
La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) sostiene que este año deberían haber recibido ayudas por 450 millones de euros debido a los altos precios de los derechos de emisión de CO2 y dentro de los márgenes presupuestarios de la UE. La patronal de los grupos industriales electrointensivos, que incluye a gigantes como ArcelorMittal, Acerinox y Sidenor, está solicitando al Ministerio de Industria que aumente las ayudas a 650 millones en 2024.
La Comisión Europea ha aprobado una revisión del plan de ayudas del Gobierno español para la próxima década, permitiendo a España destinar hasta 8.510 millones entre 2022 y 2031, en comparación con los 2.900 millones contemplados en el plan anterior entre 2021 y 2030. Con estos nuevos límites presupuestarios y el aumento de los precios del CO2, la industria electrointensiva justifica su solicitud de casi triplicar las ayudas para el próximo año.
La Asociación confía en que el Gobierno actualice las cantidades pendientes del ejercicio actual y de futuros años, después de que la Comisión Europea haya elevado los topes de las ayudas permitidas. La patronal también está solicitando la prórroga de medidas excepcionales adoptadas para combatir la crisis energética, como la rebaja temporal del 80% de los peajes para empresas electrointensivas y la suspensión del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica, que expiran el 31 de diciembre. El Gobierno decidirá en las próximas semanas si mantiene estas medidas y otras destinadas a proteger a empresas y ciudadanos de la subida de los precios de la energía.
