Nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica en Tramitación por el Ministerio de Industria
El Ministerio de Industria ha comenzado la tramitación de una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, con el objetivo de aprobarla a finales de este año. Esta normativa busca incrementar la industrialización del país y prevenir la deslocalización de empresas en sectores estratégicos.
Para lograr estos objetivos, el ministro Jordi Hereu ha propuesto la creación de los ‘Proyectos industriales estratégicos’, inversiones consideradas clave por el Gobierno. Estos proyectos podrán recibir subvenciones directas sin necesidad de un proceso competitivo y disfrutar de plazos de tramitación más cortos.
Para ser clasificados como estratégicos, los proyectos deben cumplir al menos uno de los siguientes criterios: tener un volumen de inversión significativo a nivel nacional o en la economía de la provincia donde se realicen; pertenecer a un ecosistema industrial estratégico o a un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte); contar con una certificación para la autonomía estratégica; o facilitar soluciones adoptadas en la Mesa de reindustrialización para rescatar compañías estratégicas.
La declaración de estos proyectos comenzará a través de una solicitud ante el Ministerio de Industria, que requerirá un informe del nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, bajo la dependencia del presidente del Gobierno, y se someterá a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Además, la Ley incluirá instrumentos de planificación como la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, revisada cada seis años, y el Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica.
Estos documentos establecerán las directrices de la política industrial y evaluarán las acciones implementadas durante el período.
La nueva normativa también propone la creación de un Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo para coordinar entre ministerios y contribuir a la elaboración de la Estrategia, junto con organismos como la Escuela de Organización Industrial y el Consejo Económico y Social. Se regulará la Conferencia sectorial de industria y pyme y el Foro de Alto Nivel de la industria española, que emitirá un informe anual sobre el sector.
Hoja de Ruta Verde y Digital
La Ley establecerá los Ecosistemas Industriales Estratégicos, que contarán con un seguimiento periódico y podrán recibir ayudas sin concurrencia competitiva. Se definirán hojas de ruta para la transición verde y digital y se crearán cuadros de mando de indicadores para promover la simplificación administrativa. Las empresas podrán proponer mejoras en los trámites administrativos para facilitar el desarrollo industrial.
Los Perte se reconocerán oficialmente, institucionalizando su figura y convirtiéndola en estructural, dentro de los Ecosistemas Industriales, con la posibilidad de prorrogar los fondos europeos. La Ley también incorpora mecanismos para evitar la desindustrialización en sectores estratégicos mediante la ordenación de los procesos de reindustrialización.
Mecanismos de Seguimiento
La normativa establecerá los mecanismos para seguir estos planes de reindustrialización. Las empresas afectadas deberán comunicar con al menos nueve meses de antelación su intención de cierre o reducción de actividad a la Secretaría de Estado de Industria para iniciar el proceso, evitando sanciones.
La Mesa de Reindustrialización gestionará las negociaciones entre representantes de los trabajadores, la empresa y las administraciones públicas (ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado).
Sectores Beneficiarios
El Ministerio fijará obligaciones para que los beneficiarios de ayudas públicas mantengan la actividad productiva durante un período determinado, dependiendo del tamaño de la empresa.
La simplificación administrativa será analizada en la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme y el Consejo Estatal de Política Industrial, con un informe anual al Foro de Alto Nivel. La normativa incluirá protección para la industria intensiva en consumo de energía, promoción de áreas industriales, emisión de certificados de impacto y certificación financiera.
Las empresas electrointensivas recibirán apoyo para la descarbonización y medidas para facilitar energía asequible, fomentando contratos a largo plazo, autoconsumo y generación de proximidad.
La nueva ley deberá ser informada por el Consejo Económico y Social, la CNMC, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado.
