El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, marcando un punto de inflexión en la política industrial española. Este nuevo marco normativo establece las bases para ordenar el sector industrial, coordinar a las administraciones públicas y fomentar la competitividad, resiliencia y sostenibilidad del tejido industrial nacional.
“La nueva Ley no solo actualiza la normativa vigente, sino que redefine el futuro de la industria española, ofreciendo modernización, certidumbre y herramientas para la reindustrialización. Su objetivo es servir al país y promover un amplio consenso político para aprovechar las oportunidades de transformación industrial”, destacó el ministro Jordi Hereu.
La anterior Ley de Industria, de 1992, ha quedado obsoleta ante los retos actuales. Este nuevo texto legal busca incrementar el peso del sector industrial en la economía, mejorar su competitividad, fomentar la descarbonización y liderar la transformación digital.
Principales objetivos y novedades
La Ley consolida principios clave como la libertad de establecimiento, la unidad de mercado y la seguridad industrial, mientras introduce objetivos alineados con la estrategia industrial europea:
- Autonomía estratégica: Promoción de una industria resiliente y autosuficiente.
- Fomento del talento y la innovación: Protección de la propiedad industrial y adopción de tecnologías limpias.
- Impulso a proyectos estratégicos: Desarrollo de ecosistemas industriales y programas tractores.
- Internacionalización: Expansión global de empresas industriales.
- Transformación sostenible: Compromiso con las cero emisiones netas para 2050.
- Participación social: Refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva.
Estructura de gobernanza
El marco de gobernanza incluye:
- Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica: Documento guía de la política industrial.
- Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica (PIAE): Instrumento trianual para desarrollar esta estrategia.
- Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI): Órgano consultivo encargado de coordinar acciones gubernamentales.
- Conferencia Sectorial de Industria y PYME: Espacio de cooperación entre administraciones públicas.
- Foro de Alto Nivel de la Industria Española: Asesorará al Gobierno en políticas industriales estratégicas.
Medidas adicionales
La Ley incluye medidas específicas para sectores intensivos en energía, promoviendo la descarbonización mediante planes de transición energética. Además, crea la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), un fondo destinado a responder rápidamente ante crisis.
Para facilitar la inversión, se establecen nuevos instrumentos de apoyo a grandes proyectos industriales y ecosistemas estratégicos, además de medidas para simplificar la burocracia y proteger las inversiones. Las empresas que quieran cesar su actividad en España deberán anunciarlo con nueve meses de antelación y, si han recibido ayudas públicas, podrían tener que devolverlas bajo ciertas condiciones.
Reacciones del sector
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española valora positivamente la aprobación del proyecto, pero advierte sobre la falta de concreción en los recursos financieros necesarios para garantizar el éxito de la reindustrialización. Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, destacó la necesidad de crear un fondo público permanente con una aportación anual de 2.500 millones de euros para garantizar la estabilidad del proceso.
“Es fundamental eliminar incertidumbres, simplificar la burocracia y garantizar la seguridad jurídica para atraer inversiones y reforzar la competitividad de la industria española”, subrayó Reinoso.
La Alianza también hizo un llamado a los grupos parlamentarios para alcanzar un amplio consenso que permita consolidar a la industria como eje estratégico del modelo económico y social del país.
