El reciente debate acerca del estado de la Unión Europea, que tuvo lugar el 13 de septiembre, subraya la creciente desconfianza en los sistemas de libre mercado. Las reglas establecidas por estos sistemas parecen insuficientes para abordar los desafíos actuales, especialmente las urgentes necesidades de la transición hacia una energía más sostenible.
Es innegable que la lucha contra el cambio climático y las crisis consecutivas, como las generadas por la pandemia y el conflicto en Ucrania, han llevado a los países de la eurozona y a los Estados Unidos a adoptar políticas que comparten similitudes con las de China. Esto implica que los gobiernos están tomando medidas audaces, incluyendo la implementación de paquetes de gasto significativos y la suspensión temporal de las normativas del pacto de estabilidad. Estas acciones se han vuelto necesarias en respuesta a los desafíos inflacionarios recientes, como los ajustes en el IVA, según lo explicado por María Jesús Valdemoros, docente de IESE Business School.
El 9 de marzo, la Comisión Europea introdujo el Marco Temporal de Crisis y Transición (TCTF). Esta medida se diseñó para flexibilizar las reglas relacionadas con los subsidios otorgados por los Estados miembros con el propósito de acelerar la adopción de energías renovables, descarbonizar procesos industriales y promover inversiones en sectores estratégicos.
«En los últimos meses, los países europeos han estado trabajando en la eliminación de ciertos elementos del cálculo de la deuda y el déficit relacionados con estas circunstancias», señala Massimo Cermelli, profesor de Economía de Deusto Business School. «El 2024 se perfila como un año en el que se buscarán soluciones flexibles para llevar a cada país hacia una mayor estabilidad fiscal».
El objetivo fundamental es crear un ambiente propicio para que las empresas permanezcan en Europa, facilitando un acceso más rápido a la financiación necesaria para la transición hacia una economía con emisiones netas de carbono cero. Esto se alinea con el Plan Industrial del Pacto Verde, implementado en febrero pasado.
En España, ya estamos viendo los resultados con la aprobación de una ayuda de 450 millones de euros destinada a las industrias con un alto consumo de gas, anunciada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a finales de abril.
Si bien estos cambios se originan en la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, en la práctica, representan la respuesta de Europa a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos, que inyectó más de 350,000 millones de dólares en inversiones verdes desde su implementación en 2022.
«Desde la energía eólica hasta el acero, desde las baterías hasta los vehículos eléctricos, nuestra ambición es clara: el futuro de nuestra industria con tecnologías limpias debe ser fabricado en Europa», afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante el mencionado debate. Este compromiso se respalda con la aplicación de la Ley de la Industria de Cero Emisiones (Net Zero Industry Act) y la Ley de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials Act), así como un conjunto de medidas para impulsar la producción de energía eólica.
En resumen, la Unión Europea se encuentra en una fase reactiva ante los programas similares de China y Estados Unidos, reconociendo la efectividad de los incentivos económicos. Sin embargo, para atraer inversiones y asegurar la resiliencia, Europa debe crear un entorno empresarial e institucional atractivo y sólido que acompañe estas medidas. La eficiencia, la seguridad y la resiliencia son esenciales para el éxito a largo plazo.
