Hace más de tres décadas, el diario New Yorker publicó una viñeta de Peter Steiner titulada «En Internet nadie sabe que eres un perro», una pieza que inicialmente planteaba de manera irónica las cuestiones de anonimato en la era digital. Hoy en día, lo que comenzó como una observación humorística se ha transformado en un problema de proporciones crecientes.
La gestión de la identidad en el ámbito digital enfrenta desafíos significativos, a diferencia de su contraparte física, con implicaciones profundas para la seguridad ciudadana y el desarrollo socioeconómico. El avance vertiginoso de tecnologías como la inteligencia artificial amplía el riesgo de falsificación de identidades, haciendo imperativa la necesidad de una identificación precisa en línea.
La identidad digital, que comprende las representaciones electrónicas de personas u organizaciones, se enfrenta a varios obstáculos, incluyendo la falta de registros para partes de la población y la vulnerabilidad a la usurpación de datos personales. La respuesta a estos desafíos radica en tecnologías emergentes como las credenciales verificables y marcos de confianza controlados por el usuario, que garantizan seguridad y privacidad.
A pesar de los beneficios de la digitalización, los crecientes intentos de estafa y suplantación de identidad subrayan la urgencia de soluciones que protejan a los usuarios mientras preservan la privacidad. La propuesta de extender el concepto de identidad digital hacia modelos que permitan la divulgación selectiva de atributos, respetando la autonomía de los individuos, emerge como una dirección prometedora.
A nivel europeo, la reciente aprobación de la Cartera Digital Europea bajo la normativa eIDAS2 representa un avance significativo hacia la armonización de servicios digitales seguros y confiables. Sin embargo, su implementación plantea desafíos técnicos y organizativos que requerirán un esfuerzo coordinado y una adecuada preparación por parte de las administraciones públicas y privadas.
En España, la adaptación a este nuevo paradigma implica no solo cumplir con regulaciones y estándares, sino también liderar activamente la integración de la identidad digital en los servicios públicos. Esto incluye garantizar la accesibilidad y la capacitación digital necesaria para reducir la brecha digital y asegurar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse equitativamente de las nuevas tecnologías.
