Hoja de ruta para reindustrializar la automoción en España
El Plan España Auto 2030 se presenta como la nueva estrategia del Gobierno para reindustrializar el sector de la automoción y asegurar su competitividad en un momento clave de transición hacia el vehículo eléctrico. El plan, elaborado junto a ANFAC, pretende movilizar alrededor de 30.000 millones de euros entre inversión pública y privada en los próximos años y marca una hoja de ruta que aspira a mantener a España entre los líderes europeos de producción automovilística.
Uno de los pilares principales del plan es el programa Auto+, que entrará en vigor en 2026 y contempla 400 millones de euros en ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos. A diferencia de otros programas anteriores, estas ayudas serán gestionadas directamente por el Gobierno central para agilizar la tramitación y evitar retrasos. La intención es clara: lograr que el vehículo eléctrico sea accesible para capas mucho más amplias de la población y que el coste total de uso resulte inferior al de un coche de combustión tradicional. El Ejecutivo sostiene que los próximos años traerán modelos eléctricos por debajo de los 25.000 euros, lo que, sumado a las ayudas, permitiría hablar de una verdadera democratización de esta tecnología.
El segundo eje clave del plan se centra en la infraestructura de recarga. Para ello, se prevé un nuevo Moves Corredores dotado con 300 millones de euros en 2026, que buscará cubrir especialmente aquellas zonas del país donde la red de recarga aún es insuficiente. Este despliegue irá acompañado de una simplificación administrativa que pretende eliminar trabas para instalar puntos de recarga y de una plataforma digital unificada donde los usuarios podrán consultar toda la red disponible. La idea es cerrar la brecha entre la expansión del parque eléctrico y la capacidad de recarga disponible, uno de los mayores obstáculos actuales para la adopción masiva del vehículo eléctrico.
La tercera línea de actuación del Plan España Auto 2030 está orientada a fortalecer toda la cadena de valor del automóvil. El objetivo es que España no solo continúe ensamblando vehículos, sino que participe también en el diseño, la fabricación de baterías, los sistemas electrónicos y el reciclaje de componentes. Para ello, se ampliará el apoyo al PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, que contará con 580 millones adicionales en 2026 para financiar proyectos de electrificación, nuevas líneas de montaje, gigafactorías y modernización de plantas. Según ANFAC, esta parte del plan es esencial para atraer inversiones internacionales y situar en España parte de los proyectos industriales que Europa necesita crear para no depender de terceros países.
El horizonte que plantea el Gobierno es ambicioso. Para 2035, España podría producir hasta 2,7 millones de vehículos anuales, la gran mayoría electrificados, y mantener el elevado porcentaje de exportaciones que caracteriza a la industria española. El reto no es solo mantener el volumen de producción, sino aumentar el valor añadido y transformar el empleo hacia perfiles más cualificados en ingeniería, electrónica, software y mantenimiento de nuevas tecnologías.
Pese a su alcance, el plan no está exento de críticas. Diversas organizaciones del ámbito de la sostenibilidad y la movilidad consideran que, aunque el enfoque es positivo, existen lagunas importantes y lamentan no haber participado en su elaboración. También se ha señalado que el éxito del plan dependerá de si realmente se alcanzan los precios asequibles prometidos para los eléctricos, así como de la velocidad en el despliegue de la infraestructura de recarga. Además, la transformación de la cadena de suministro plantea desafíos para proveedores tradicionales y para las regiones con menor tejido industrial, lo que podría generar desigualdades territoriales si no se acompaña con políticas adicionales de apoyo.
En un foro de debate, este plan abre muchas cuestiones: desde la viabilidad real de los incentivos y los tiempos previstos, hasta el impacto en el empleo, la capacidad de la red de recarga para absorber la demanda futura y la posibilidad de que España aproveche de verdad la oportunidad de liderar parte de la movilidad eléctrica europea. También invita a reflexionar sobre cómo equilibrar el crecimiento industrial con la sostenibilidad, la cohesión territorial y el acceso equitativo a la nueva movilidad.
